¿Qué le debemos a los que vienen?
La obligación intergeneracional no se sostiene en un contrato, porque no hay con quién firmarlo. Se sostiene en algo más frágil y más exigente: la decisión de considerarnos parte de una institución que nos excede.
Toda política de largo plazo descansa sobre una promesa que quien la formula no podrá cumplir. El que decide hoy no estará cuando se cobre la factura, y el beneficiario todavía no existe. Es un arreglo extraño, y sin embargo la mayor parte de lo que llamamos civilización depende de él.
La filosofía política moderna resolvió el problema de la obligación mediante la ficción del contrato: obedezco porque, en algún sentido, consentí. El recurso funciona razonablemente bien entre contemporáneos. Falla por completo cuando la otra parte es una generación que aún no nació y que, por definición, no puede consentir ni negociar ni exigir.
La salida institucional
Hay una salida que no requiere metafísica. Consiste en reconocer que no actuamos como individuos que negocian con el futuro, sino como ocupantes temporarios de instituciones que tienen su propia duración. Un juez, un director de escuela, un funcionario de carrera no heredan una promesa: heredan un cargo cuya lógica interna incluye la continuidad.
“Las instituciones son la forma en que una sociedad recuerda lo que decidió cuando ya no están los que lo decidieron.”
De ahí se sigue una consecuencia práctica y algo incómoda para el debate contemporáneo: el cuidado de las generaciones futuras se juega menos en las declaraciones de principios que en cosas aparentemente menores —la estabilidad del servicio civil, la conservación de los archivos, la continuidad de las series estadísticas, la formación de quienes ocuparán los cargos dentro de veinte años.
Es una respuesta modesta. No promete redención ni épica. Ofrece, en cambio, algo que la retórica intergeneracional rara vez ofrece: una lista de cosas que se pueden hacer el lunes.
